Resumen:
La protección de los derechos humanos sociales es uno de los principales objetivos requeridos del Estado constitucional moderno. En este sentido, gran parte de los esfuerzos institucionales deben centrarse para cumplir con esa orden, y en el ejercicio, es posible que el Estado puede proporcionar, la correcta aplicación de los derechos de primera y segunda generación, como el derecho a la vida, a la libertad de sensu lato, la no discriminación y los derechos políticos, entre otros, los resultados favorables, ya que es posible para asegurar su protección la aplicación de los mecanismos que se han implementado en las sociedades modernas para el cumplimiento. Sin embargo, la protección de los derechos humanos sociales, como la salud, la vivienda, la educación, implica una serie de factores desfavorables que impiden la correcta aplicación, ya que dichos derechos son impulsados por las políticas públicas a través de la acción del Estado, lo que se traduce en la asignación de los recursos públicos destinados al gasto o presupuestos a ejercer por del gobierno. Ante este escenario, el presente estudio determinará que el correcto ejercicio de las asignaciones para la solución de los problemas de derechos sociales, debe signifcar un compromiso por parte del Estado para cumplir con las libertades mínimas necesarias para el desarrollo de la persona, que es la razón por la monitoreo del gasto público en estas partidas presupuestarias, constituye la expansión de los derechos sociales.
Descripción:
The protection of social human rights is one of the main objectives required of the modern constitutional state. In this regard, much of the institutional eforts should focus to comply with that order, and in the exercise, it is possible that the state can provide, proper enforcement of the rights of frst and second generation, like the right to life , liberty at lato sensu, non-discrimination, and political rights, among others, favorable outcomes, because it is possible to ensure its protection as a result of the mechanisms that have been implemented in modern societies for compliance. However, the protection of social human rights, such as health, housing, education, involve a number of unfavorable factors that hinder enforcement, because such rights are driven by public policy through State action, which results in the allocation of public resources aimed at expenditure budgets or government spending. Given this scenario, the present study will determine that the proper exercise of the allocations for the solution of the problems of social rights, should signify a commitment by the state to fulfll the minimum liberties required for development of the person, that is why the monitoring of public spending on these budget items, constitute the expansion of protective of social rights.
Repositorio Institucional Aramara
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